Lo que yo considero ‘peligroso’ a usted quizá no se lo parece, pero seguro que nos ponemos de acuerdo en que imponer una definición al otro si que es comprometido.
Las instituciones europeas, esa quimera funcionaria y bruselita, pierden una cantidad enorme de tiempo en sacar adelante proyectos que juegan en esa frontera léxica en la que imponen una reglamentación sobre un concepto que usted y yo no acotamos de la misma forma.
El último en sumarse a este carro absurdo ha sido el comisario de Justicia y Seguridad Franco Frattini que ha comunicado su intención de buscar un consenso con la Industria para bloquear las búsquedas en Internet sobre palabras como ‘bomba’, ‘asesinato’, ‘genocidio’ o ‘terrorismo’ (entre muchas otras) para evitar que nadie pueda enterarse, por ejemplo, de cómo se fabrica un explosivo… Según el comisario hay que cancelar las búsquedas sobre “palabras peligrosas”, un listado complicadísimo de hacer si partimos de la base de que habría antes que decidir qué es “peligroso” y qué no lo es.
Frattini, de cuyos valores democráticos no tenemos duda alguna, parece haber pasado por alto algunos conceptos básicos que protegen derechos fundamentales como la libertad de expresión, pero no parece preocuparle ya que opina que:
“Francamente hablando, instruir a la gente sobre como hacer una bomba no tiene nada que ver con la libertad de expresión o el derecho a la información. La ecuación exacta, en mi opinión, es dar prioridad a la protección de los derechos fundamentales y, ante todo, el derecho a la vida”.
Convendrán conmigo que es muy complicado decir más lugares comunes juntos en menos caracteres y que, para ser comisario europeo, su nivel argumental es bastante pobre. Pero este señor, padre de otras sonoras polémicas, está empeñado en protegerle a usted de usted mismo. No se me ocurre nada más “peligroso”.
Cuando alguna de las mentes brillantes que pueblan la Red se descuelga con una lista de normas, derechos, constitución del ciberespacio o cualquier tipo de regulación nos echamos a temblar. En esta ocasión han sido Joseph Smarr, Marc Canter, Robert Scoble, y Michael Arrington, quienes han propuesto una carta de derechos de los usuarios de sitios sociales. Y no nos desagrada, la verdad.
Al usar las redes sociales, al abrir perfiles aquí y allá, al relacionarnos, al interacuar, cuando nos expresamos y cuando opinamos, desarrollamos nuestras personalidad, dejamos un rastro que es nosotros mismos. Todo queda registrado, es analizado y se convierte en objeto de comercio.
Lo que reclaman los gurús desde Open Social Web es que se nos conceda cierto control sobre esa información, es decir, que se nos reconozca como propietarios de lo que somos y hacemos, desde nuestro perfil en Flickr a las relaciones en MySpace, y se nos permita decidir realmente si queremos que se nos venda, comparta o exhiba ante todo Internet. Así, los usuarios de Facebook podrían negarse por ejemplo a que el sitio abriera sus perfiles a los buscadores, como ha anunciado que hará, o especificar qué datos quieren que se hagan públicos.
No hay que olvidar al prestador de servicios, que de aceptar esta carta de derechos podría perder pingües beneficios. Sabrá, eso si, que conoce a sus usuarios, que estos siguen sintiéndose seguros y pueden tejer sus redes sin miedo que les vendan al mejor postor. Si con eso logra suficientes ingresos encontraríamos un precioso equilibrio.
Hay gestos empresariales que sólo conducen a la melancolía o, en el peor de los casos, al crujir de dientes. En un mundo como el nuestro (tan accesible y permeable) quizá la decisión más peregrina es demorar los lanzamientos mundiales de productos: Sony lo pagó caro con la PlayStation 3 y se dejó en el calendario mucho de su prestigio y una parte importante de su buena imagen.
La otra audacia de factura incómoda suele ser patrimonio de las operadoras de telefonía móvil y su empeño en el secuestro consentido. Ustedes y yo estamos ahora pensando en AT&T y su apuesta por sacar a la venta el iPhone en exclusiva y con unas condiciones contractuales perfectamente esclavistas. La salida al mercado del cacharro de Apple está siendo controvertida, no sólo por los plazos de llegada a los diferentes mercados, sino porque el bloqueo al que se ha sometido al chisme y su supuesta imposibilidad de uso con otra operadora que no sea la ‘oficial’ ha convertido a AT&T en el ‘poli malo’.
Sin duda el teléfono está funcionando en el mercado al ritmo deseando, pero el empeño en someterlo a una sola operadora, ha hecho variar el foco de interés del aparato en si mismo a la manera más cómoda de ‘desbloquearlo’ para poder disfrutar de el sin el yugo impuesto.
Desde hace días salen métodos más o menos eficaces para liberar el chisme y, al mismo ritmo, se oyen ruidos de denuncias y pleitos. La operadora amenaza con acciones legales al mismo ritmo al que se conocen nuevas formas de desbloquear el iPhone pero nadie se ha preguntado, tal y como hace hoy BusinessWeek, si Apple y AT&T tienen “derecho” a perseguir a estos usuarios de su producto. La discusión cambia así de enfoque: ¿Tiene algún respaldo legal AT&T para perseguir a aquellos que liberen el iPhone y lo usen sobre otra red de telefonía móvil? Pues no. La ley, según éste análisis, respalda a los usuarios sobre la operadora y les ampara para desbloquear el cacharro…
Obviamente todas estas piruetas no habrían ocurrido si Apple hubiera apostado por un lanzamiento mundial y sin ceñirse a una sola operadora.
Internet, ese foco de perdición y pecado, que les voy a contar a ustedes que no sepan ya. Si están todavía buscando destino para unos días de reposo, vayan borrando Australia de su mapa, ese país no tiene sentido del humor y, además, derrochan fondos sociales con entusiasmo y desdén.
Según leemos en Ars Technica, el primer ministro austral y su líder de la oposición (ambos en comandita) acaban de anunciar una iniciativa anti porno valorada en 189 millones de dólares con la que buscan (pásmense) acabar con los contenidos para adultos entre los internautas de su país.
De este dineral indecente, casi 90 millones de dólares irán dedicados a desarrollar un sistema de filtros que valga de criba gratuita de contenidos que el sistema público juzgue como inadecuados y que busca controlar de los ISP a los equipos domésticos. Otros 22 millones se dilapidarán en una campaña de concienciación para padres y no bajarán de 11 millones los que el gobierno canguro despilfarrará con charlas en colegios y centros educativos.
Ya el año pasado este moralista gobierno se pulió 116 en una iniciativa similar que ahora ha redoblado y que bordea el ridículo. En comunión con el lobby cristiano la Administración se platea incluso imponer penas de cárcel a aquellos que tengan cinco (seguro que la cifra no es aleatoria) o más películas pornográficas.
En fin, sonrían, Australia pilla lejos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha ordenado secuestrar el último número de ‘El Jueves‘ por injurias a la Corona tras la publicación de una caricatura de los Príncipes de Asturias que copa la portada de la revista en la que la pareja aparece en una postura sexual explícita y que el juez ha considerado como “claramente denigrante y objetivamente infamante”.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son ahora las encargadas de retirar todos los ejemplares de los puntos de venta y de hacerse con el molde de la imagen para impedir su reproducción posterior (hace décadas que no se usan moldes, por cierto).
Probablemente con esta medida la Audiencia Nacional intenta frenar la difusión de ‘El Jueves‘. Afortunadamente ha logrado todo lo contrario. Súmense al jolgorio.
Suecia se dispone a actualizar la lista de webs que los proveedores de acceso deben bloquear para que los internautas de ese país no accedan a contenidos ilegales, y puede que esta semana sume a The Pirate Bay por alojar un sitio que justifica la pedofilia. Aunque la policía señala que la decisión no se ha tomado aún, pero los administradores del buscador de torrents dan por hecho que serán bloqueados. Se usará para ello una regulación sobre protección a la infancia, algo que según los rebuscados argumentos de los piratas está muy lejos de los motivos de las autoridades.
“¿Quién abusa de menores? La policía, que saca provecho del filtro para protegerlos. Para ellos es bueno que se abuse de niños, porque así pueden cerrar los sitios que no les gustan”
Más razonable parece la protesta por que se pueda adoptar esta medida sin ni siquiera contactar antes con los afectados, pedirles que retiren la página delictiva o pedir explicaciones. Una potestad peligrosa esa de poder bloquear sitios sin pasar antes por los tribunales. Nota al margen: motivos varios hacen que se vaya cerrando el cerco en torno a los sitios de descargas, criminalizando la tecnología P2P y a todos los que la usan. Vayan agenciandose buscadores alternativos.
Cuando Google presentó su servicio ‘Street View’ ya fueron muchas las páginas que recopilaron todo tipo de instantáneas curiosas y se abrió de nuevo el debate sobre el futuro de la intimidad en Red. Mientras que solucionamos esta nueva forma de relación que implica un grado mayor de exposición al público, algunos siguen dando con momentos harto peculiares. En ‘Google SightSeeing’ han encontrado una peculiar secuencia fotografiada por el coche del buscador plano a plano. Una pelea entre dos tipos inmortalizada hasta los más mínimos detalles.
Tres años de existencia detalladamente documentados, es lo que puedes encontrar en la web de Hasan Elahi, que tras ser confundido con un terrorista por el FBI decidió publicar en Internet datos como su situación actual, movimientos bancarios, qué come, dónde duerme… Así convence a los agentes de la ley de su inocencia y evita nuevas confusiones. Sobredosis de información contra el seguimiento constante, lucha contra el Gran Hermano invitándole a vivir en casa. En situaciones análogas, sintiéndose perseguidos por la obsesión de control de algunas autoridades, otros optaron por dirigir sus cámaras hacia los vigilantes como forma de lucha y protesta. Elahi prefirió poner el foco en su persona, y no parece haberle salido mal la jugada, no han vuelto ha detenerle.
Si hay tecnologías capaces de identificar posibles criminales, ¿por qué no utilizarlas para detectar a estrellas del rock? Videovigilancia al servicio del arte, es la idea que hay tras la instalación SVEN, presente en el último Zemos98 de Sevilla. Una cámara sigue a los peatones y la imagen se procesa en tiempo real para generar música y vídeo, representaciones visuales que critican con humor el entorno orweliano en el que vivimos. Pero no se rían mucho, no saben lo que se nos avecina.
Vean si no la sociedad británica, es una de las más vigiladas del mundo. Allí cada ciudadano es grabado unas 300 veces al día por alguna de los 4,2 millones de cámaras que ‘cuidan’ de la seguridad del país. Pero los ojos sin inteligencia no sirven de nada, así que investigadores al servicio de su majestad han creado un sistema que, dicen, es capaz de detectar posibles delincuentes analizando cómo andan. Así que si van a visitar Londres, prepárense para mover el cuerpo al ritmillo de las personas normales, estudien el lenguaje corporal de Benedicto y meneen el esqueleto como la gente de bien. Si no lo hacen su rostro será identificado y almacenado por siempre jamás, para cuando se dediquen a atracar o se metan en un grupo terrorista. Anecdótico, si se tienen en cuenta las dimensiones del sistema de vigilancia de Reino Unido, descrito en el impactante vídeo Big Brother State, al que corresponde la imagen y que David Schan distribuye como herramienta de formación desde su web. ¿Se sienten observados? No me extraña.
YouTube, gran archivo audiovisual de nuestra época, debe manejar con cautela la propiedad intelectual y la legalidad de los vídeos que publica. Atender a todas las peticiones de retirada de una película puede acabar provocando casos como el de la prohibición de un vídeo en el que se muestra a las mujeres cómo examinarse los pechos en busca de un posible tumor. Un contenido educativo que ha sido considerado como ‘para adultos’ por el portal estadounidense pese a que, según recuerda Katherine Hannaford, los niños de Reino Unido reciben este tipo de formación desde los 11 años. Y mientras YouTube se dedica a eliminar estos archivos, grabaciones de una emisión matinal del canal ITV, sigue ofreciendo películas ciertamente violentas, como la ejecución de Sadam o el enfrentamiento entre bandas mexicanas. Contenidos que seguramente harán mucho más daño a la infancia que esa información sobre el cáncer.
¿Quién pudo denunciar ese vídeo por inadecuado? ¿Qué procedimiento de comprobación llevó a cabo YouTube antes de retirarlo? Las empresas que alojan contenidos tienen que en sus manos la libertad de expresión e información millones de usuarios, pero no siempre realizan los esfuerzos necesarios para protegerla. Grupos de presión que no representan a un amplio grupo de la población pueden ejercer una gran influencia si están bien organizados, creado en la empresa que aloja los contenidos la falsa sensación de que existe un clamor social contra alguno de ellos. La actuación de estos colectivos para presionar a la FCC estadounidense (y que multe a quien ose a mostrar un pezón en la tele) es buen ejemplo de ello. Si no quieren acabar siendo el altavoz de integristas de todo tipo, los portales que alojan texto, vídeo o sonido generados por los internautas deberán establecer procesos claros y transparentes para la eliminación de contenidos, atendiendo a la legalidad vigente y al sentido común para evitar casos como este.