En Francia andan muy entretenidos debatiendo un marco jurídico para Internet y las posibilidades que la Administración pública podría tener para intervenir en el flujo de información.
En este contexto algunos diputados consideran la posibilidad de que los buscadores favorezcan algunos resultados sobre otros. La pregunta que sobrevuela es si el Gobierno puede obligar a los motores de búsqueda a privilegiar las ofertas de contenidos expedidas  por el Estado y la respuesta por ahora se mueve entre la sorpresa y el estupor.

Esperamos que se trate de un malentendido derivado de una formulación sujeta a interpretación. Pedir a los motores de búsqueda que sobre referencien algunos sitios señalados sería ir lejos, constituiría una forma de censura. ?Además, una petición de esa índole no tiene en cuenta el funcionamiento automatizado de los motores de búsqueda. Confiamos en que esta no sea la verdadera intención del legislador.
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