YouTube, gran archivo audiovisual de nuestra época, debe manejar con cautela la propiedad intelectual y la legalidad de los vídeos que publica. Atender a todas las peticiones de retirada de una película puede acabar provocando casos como el de la prohibición de un vídeo en el que se muestra a las mujeres cómo examinarse los pechos en busca de un posible tumor. Un contenido educativo que ha sido considerado como ‘para adultos’ por el portal estadounidense pese a que, según recuerda Katherine Hannaford, los niños de Reino Unido reciben este tipo de formación desde los 11 años. Y mientras YouTube se dedica a eliminar estos archivos, grabaciones de una emisión matinal del canal ITV, sigue ofreciendo películas ciertamente violentas, como la ejecución de Sadam o el enfrentamiento entre bandas mexicanas. Contenidos que seguramente harán mucho más daño a la infancia que esa información sobre el cáncer.

¿Quién pudo denunciar ese vídeo por inadecuado? ¿Qué procedimiento de comprobación llevó a cabo YouTube antes de retirarlo? Las empresas que alojan contenidos tienen que en sus manos la libertad de expresión e información millones de usuarios, pero no siempre realizan los esfuerzos necesarios para protegerla. Grupos de presión que no representan a un amplio grupo de la población pueden ejercer una gran influencia si están bien organizados, creado en la empresa que aloja los contenidos la falsa sensación de que existe un clamor social contra alguno de ellos. La actuación de estos colectivos para presionar a la FCC estadounidense (y que multe a quien ose a mostrar un pezón en la tele) es buen ejemplo de ello. Si no quieren acabar siendo el altavoz de integristas de todo tipo, los portales que alojan texto, vídeo o sonido generados por los internautas deberán establecer procesos claros y transparentes para la eliminación de contenidos, atendiendo a la legalidad vigente y al sentido común para evitar casos como este.